Luego de que ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría absoluta de los votos (50%+1) para ganar en primera vuelta, el domingo 20 de agosto se llevará a cabo el balotaje que definirá el próximo presidente de Guatemala. Los dos candidatos más votados: Sandra Torres (Unidad Nacionalde la Esperanza) con el 16% y Bernardo Arévalo (Movimiento Semilla) con 12%, quien dio el batacazo no solo por ser la primera elección presidencial del partido, sino por los resultados que arrojaban las encuestas, competirán para determinar quién asumirá el poder el 14 de enero del año entrante.
A pesar de la resignación y falta de interés generalizada de la sociedad por la política, Guatemala se enfrenta a una elección que podría romper con la continuidad de un sistema político corrompido, funcional a los grupos de poder económico concentrado, y responsable de la desigualdad y los graves indicadores sociales del país.
El Movimiento Semilla ha sido detractor de la corrupción sistemática de la dirigencia política desde su surgimiento en 2015, en el marco de las manifestaciones masivas contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti (ambos encarcelados por casos de corrupción).
Desde su institucionalización como partido en 2017 y con la llegada al Congreso en 2019, Semilla ha mantenido un rol activo como oposición ante una mayoría automática en el congreso; además, la nueva camada de dirigentes políticos de Semilla aporta desde la juventud una agenda legislativa alternativa, con foco en los problemas que afectan al común de la sociedad y con una visión a largo plazo.
Sin embargo, el Plan de Gobierno propuesto por Semilla afectaría necesariamente los intereses de los poderes fácticos, desde las grandes corporaciones y grupos empresariales hasta actores vinculados al narcotráfico y el crimen organizado, blindados hasta ahora por el propio sistema político. En este sentido, Semilla representa una amenaza que atenta contra su poder. Las altas probabilidades de su victoria explican los intentos del mismo sistema de boicotear el proceso electoral: primero, el pedido de la Corte Constitucional del recuento de votos tras la primera vuelta; y segundo, luego de la oficialización de los resultados de la misma por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el allanamiento del Ministerio Público a la sede del partido Movimiento Semilla y al propio TSE.
Los sucesos generaron reacciones en importantes actores a nivel internacional. Estados Unidos (principal socio comercial) manifestó su “preocupación” y advirtió que “ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral”. Por su parte, la misión de observación electoral de la Unión Europea expresó en un comunicado su condena enérgica al acoso y hostigamiento que vienen sufriendo el TSE y el Movimiento Semilla por parte de la Fiscalía y calificó como una “actuación impropia de un Estado democrático y de Derecho”. De igual forma lo hizo la ONU a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, instando a las autoridades a garantizar que el TSE pueda trabajar de manera independiente. Luis Almagro, Secretario General de la OEA criticó la “frecuente” judicialización de las elecciones en Guatemala, confirmó una misión de observación y asumió el compromiso de que el ganador del próximo 20 de agosto asuma el poder el 14 de enero.
A pesar de estos llamados de la comunidad internacional, a tres días para la definición, el fiscal del Ministerio Público, Rafael Curruchinche, advirtió que no descarta continuar los allanamientos y realizar detenciones después de las elecciones. En este sentido Guatemala se inscribe en la larga lista de casos de lawfare de la región, donde la judicialización de la política se hace cada vez más presente y vigorosa contra las representaciones progresistas y populares.
La resignación generalizada de la sociedad para con la política resta valor a lo que puede significar un cambio sustantivo en el sistema político y el fin de la hegemonía de la derecha y el conservadurismo en Guatemala. Este posible cambio es simplificado por la mayoría del electorado guatemalteco como una elección donde nuevamente debe prevalecer el principio del mal menor. Tanto en las elecciones del 2015 como en las de 2019, fue esa lógica la que llevó a Sandra Torres a la derrota. Si bien en ambas ocasiones pudo ingresar al balotaje, en la votación del 2015 Jimmy Morales duplicó su cantidad de votos entre la primera y la segunda vuelta; y, en 2019, Giamattei triplicó los suyos a pesar de haber ingresado al balotaje como segunda fuerza política, en coincidencia con la situación actual de Bernardo Arévalo.
No obstante, la principal diferencia entre el balotaje de esas elecciones y las de este año reside en la ubicación de ambos candidatos en el espectro político. Hasta la aparición de Arévalo y el Movimiento Semilla, Torres y la UNE fueron asociados a una izquierda progresista y socialdemócrata, tildada y asociada por los sectores más conservadores de la sociedad como “comunistas”. Incluso se instaló por mucho tiempo un rumor sobre la participación de la candidata en la guerrilla que enfrentó a las fuerzas del Estado en la guerra civil de 1960-1996, algo que, en un electorado fuertemente inclinado hacia el conservadurismo, resulta determinante. Sus contrincantes en las elecciones anteriores, tanto Morales como Giamattei, fueron los representantes de esa derecha más conservadora, dando certezas de continuidad a los procesos anteriores y estabilidad del régimen que favorece y sostiene los intereses sectoriales del país.
En una sociedad profundamente arraigada a las tradiciones religiosas, mayoritariamente evangélicas y católicas, ciertas posturas o propuestas en miras de la ampliación de derechos como podrían ser el matrimonio igualitario o la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo resultan inconcebibles. A pesar de haber sido una de las vicepresidentas de la Internacional Socialista, Torres adoptó como estrategia dejar de disputar la bandera del progresismo, manifestándose en contra de políticas como las mencionadas y recurriendo al insulto y la denigración de los miembros del Movimiento Semilla con comentarios homofóbicos y misóginos. Este cambio discursivo se inscribe
en su intención de acercarse al establishment y dar señales de continuidad no solo en el plano económico, sino también en términos políticos y culturales.
Por otro lado, desde la oficialización de los resultados electorales, la fórmula de Semilla realizó una importante campaña territorial a lo largo y ancho del país, utilizando la estrategia de evitar la confrontación directa y la campaña sucia con la intención de ampliar su electorado y combatir las noticias falsas que circulan en torno a sus propuestas, como la expropiación de tierras privadas o la misma legalización del aborto. A diferencia de Torres, la estrategia de campaña estuvo focalizada en la educación, la salud y el fortalecimiento de las instituciones para un desarrollo integral de la sociedad en su conjunto. Finalmente, dio cierre a su campaña con un acto en la Plaza Constitución, donde acudieron miles de personas para mostrar su apoyo, algo inusual en un país que no tiene la cultura de la movilización popular como mecanismo de participación política.
En cuanto al contexto regional, es importante señalar los procesos políticos que han acontecido en el entorno más próximo a Guatemala. Junto con sus países vecinos, Honduras y El Salvador, componen el llamado “triángulo del norte”, una zona diferenciada del resto de la región por sus altísimos índices de violencia. Tanto Honduras como El Salvador experimentaron hace muy poco tiempo cambios significativos en sus sistemas políticos, adoptando caminos distintos pero coincidiendo en la necesidad de apelar a la voluntad y movilización popular como mecanismo de legitimación.
Por un lado, Nayib Bukele puso fin en 2019 a un bipartidismo histórico en El Salvador, arraigado desde la vuelta a la democracia en los ‘90; en Honduras, Xiomara Castro retomó la senda nacional y popular en 2021, interrumpida por el golpe de Estado a su esposo, Manuel Zelaya, en 2009. Hasta entonces, al igual que Guatemala, ambos sistemas habían sido caracterizados por la corrupción, la violencia y los vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Estos dos procesos pueden ser un indicio de un efecto dominó que lleve a un cambio de rumbo en el sistema político guatemalteco. En ese sentido, más allá de que Sandra Torres quiera aprovechar los resultados y la popularidad de Bukele para prometer las mismas estrategias en materia de seguridad, es Arévalo quien representa el fin de los privilegios de la dirigencia política y los poderes fácticos.
En caso de que las elecciones se desarrollen con normalidad, sin ningún entramado judicial o atropello ilegítimo que atente contra la candidatura de Arévalo, las probabilidades de que se imponga nuevamente la lógica de votar a la opción contraria a Torres se mantienen
significativamente altas. En caso de ganar, Semilla asumiría en un contexto social muy delicado, donde la concreción de sus objetivos y su margen de gobernabilidad se encontrarían limitados por la composición de un Congreso fragmentado en 17 fuerzas políticas. A pesar de que Semilla pasó de tener 7 escaños a 23, los intereses sectoriales que hemos mencionado seguirán siendo representados por la mayoría de los 160 diputados que integran el parlamento, más allá de pertenecer a distintas fuerzas. La capacidad de generar consensos y alianzas estratégicas en el aparato legislativo representa un potencial desafío para el partido en caso de ganar este domingo.
Más allá de este panorama complejo, la posible victoria de Arévalo no dejaría de ser un suceso histórico, ya que por primera vez, desde la vuelta a la democracia, habría un gobierno que tenga como prioridad paliar las grandes injusticias, desigualdades y desidias que padece el pueblo guatemalteco desde que tiene memoria. Un hito cuyo único precedente en la historia del país fue protagonizado por su propio padre, Juan José Arévalo, cuando luego de la Revolución del ‘44, fue electo por más del 86% de los votos, dando inicio a la llamada “Primavera Democrática”. Una etapa de profundas transformaciones sociales, políticas y económicas; continuada y profundizada por Jacobo Árbenz e interrumpida en 1954 por el primer golpe de Estado orquestado por la CIA en América Latina, replicado posteriormente en el resto del continente.
Emiliano Menéndez Gómez
Politólogo – Asesor de Relaciones Internacionales
