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domingo, octubre 13, 2024
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Comunicado del CIN: Igualdad ante la Ley

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresa su más profunda preocupación ante las recientes medidas judiciales de las que son objeto personalidades de las fuerzas políticas opositoras.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresa su más profunda preocupación ante las recientes medidas judiciales de las que son objeto personalidades de las fuerzas políticas opositoras, lo que representa un claro atropello a los principios básicos del ordenamiento jurídico, incluso contra sí mismo.

Debemos advertir que este tipo de procedimientos reducen la densidad democrática e institucional del país dramáticamente, al judicializar de manera arbitraria decisiones políticas que pueden ser cuestionables pero que no corresponde, en ningún caso, tratarlas en el ámbito del poder judicial.

Las disputas políticas en el ámbito democrático y republicano no pueden, bajo ningún pretexto, habilitar a que ninguna fuerza sectorial ni, mucho menos, a que ninguno de los tres poderes del Estado ejerzan extraviadamente caminos que solo conducen a la ruptura del contrato social al que, desde 1983, adhiere el pueblo argentino de manera inclaudicable.

La coerción y la violencia ejercida desde el Estado en cualquiera de sus formas representa un límite que no debemos permitirnos traspasar. No debemos olvidar la trágica historia de la Argentina cuando el Estado fue transformado en un dispositivo de persecución, odio y violencia que culminó de la peor manera.

Es por todo esto que debemos alertar que es indispensable sostener vigorosamente y en toda su plenitud el Estado de derecho que garantice igualdad ante la ley para todos los habitantes de nuestra patria, y velar su estricto cumplimiento.

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Debemos advertir que este tipo de procedimientos reducen la densidad democrática e institucional del país dramáticamente, al judicializar de manera arbitraria decisiones políticas que pueden ser cuestionables pero que no corresponde, en ningún caso, tratarlas en el ámbito del poder judicial.

Las disputas políticas en el ámbito democrático y republicano no pueden, bajo ningún pretexto, habilitar a que ninguna fuerza sectorial ni, mucho menos, a que ninguno de los tres poderes del Estado ejerzan extraviadamente caminos que solo conducen a la ruptura del contrato social al que, desde 1983, adhiere el pueblo argentino de manera inclaudicable.

La coerción y la violencia ejercida desde el Estado en cualquiera de sus formas representa un límite que no debemos permitirnos traspasar. No debemos olvidar la trágica historia de la Argentina cuando el Estado fue transformado en un dispositivo de persecución, odio y violencia que culminó de la peor manera.

Es por todo esto que debemos alertar que es indispensable sostener vigorosamente y en toda su plenitud el Estado de derecho que garantice igualdad ante la ley para todos los habitantes de nuestra patria, y velar su estricto cumplimiento.

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